-Replantear y modificar de raíz el Sistema Impositivo Argentino, garantizando eficaces mecanismos de control y asegurando la equidad fiscal, para lo cual debe establecerse el principio de que han de pagar más quienes más tienen y más ganan. Toda actividad especulativa debe causar impuestos, los que deben ser proporcionalmente mayores que los que se aplican a la actividad productiva.

-Para los casos de las empresas de servicios públicos privatizadas, habrá que entablar con ellas procesos serios de negociación de los contratos vigentes, renovación o cancelación de los vencidos, restablecimiento de los aportes patronales y la aplicación a ellas de un impuesto único extraordinario que grave proporcionalmente las ganancias extraordinarias que han tenido desde la privatización.

-Regular la tarifa de los peajes camineros a un precio máximo de 50 centavos, dado que las rutas fueron construidas con los tributos de nuestros padres y por lo tanto somos "socios" de las empresas que hoy las reparan y administran, y no clientes victimizados del sistema.

-El Sistema Aduanero Nacional debe ser reorganizado, desburocratizado, despolitizado y modernizado con toda urgencia, dotándolo de firmes y múltiples sistemas de control por parte de la ciudadanía.

-Respecto del Mercado Financiero Argentino, proponemos mantener las garantías de libertad de mercado pero estableciendo un sistema de impuestos a las transacciones de capital especulativo. Se deben dar fuertes y largas facilidades impositivas a las radicaciones de capital proyectadas para no menos de 10 años. Quienes inviertan en la Argentina deben tener garantizada la exención total y absoluta de todo tipo de impuestos (nacionales, provinciales o municipales) durante los primeros tres años de establecimiento en territorio nacional. Pero pasados los cuales no se debe permitir ningún tipo de régimen especial. Toda radicación industrial en territorio argentino debe estar sometida a las mismas reglas y legislaciones que las industrias de capital nacional. Asimismo todo emprendimiento industrial o de servicios, de origen nacional o extranjero, debe ser beneficiado con un régimen especial de promoción del empleo según el cual por cada cinco empleos generados, un sexto operario o empleado que tomen esos emprendimientos sea pagado por el Estado Argentino durante un año, a modo de estímulo para la rápida generación de empleos. No deben legislarse excepciones.

-Establecer un Sistema de Seguro de Desempleo, administrado y controlado por un órgano de control especialmente creado al efecto, pequeño y eficiente, que controle la justicia de las dotaciones y su cumplimiento, pero que no necesariamente maneje los fondos. La propuesta de la CTA y del FRENAPO debe ser tomada como guía y tenida muy en cuenta porque hasta el momento es el más serio estudio preexistente al respecto.

-Promover la creación de una nueva y única Central de Trabajadores, cuyo nombre podría ser Organización de Trabajadores de la Argentina (OTA). Debería ser de afiliación voluntaria y defender los intereses de obreros y empleados de todas las actividades, por rama de la producción o servicios, asegurando un eficaz sistema de recambio dirigencial periódico, sin reelección y mediante el voto directo de todos los asalariados, afiliados o no, por nombre y apellido de los candidatos y no por listas. Proponemos la adopción de un sistema de representación federal que garantice la equitativa representación de todo el país, y su sede central podría estar en Córdoba, por su historia industrial y por ser el centro geográfico del país.

-Recuperar los principios básicos tradicionales de la Política Exterior Argentina: recolocar a nuestro país en el mundo como nación respetuosa de la autodeterminación de los pueblos, la no intervención y el no alineamiento. Debemos recuperar la neutralidad en los conflictos entre terceros estados, la colaboración máxima para el restablecimiento de la paz en todos los conflictos, el rechazo de todas las políticas expansionistas, y la participación activa en los organismos internacionales, particularmente aquellos que tienen por objetivos el mejoramiento ambiental, educativo, científico y de salud para los habitantes del planeta.

-En materia de Política Económica Internacional, se debe garantizar la participación argentina en todos los procesos de integración que favorezcan los intereses de nuestro pueblo. Esto significa que la Argentina debe participar de pactos o acuerdos multilaterales pero privilegiando siempre los acuerdos de tipo bilateral, así como los regionales por sobre los extraregionales. De este modo la Argentina podrá participar activamente en los asuntos internacionales con una efectiva visión de mundo latinoamericana, en lugar de seguir sometidos al triste papel de nación periférica de un único centro que ni siquiera nos ayuda o impulsa, sino que solamente exprime y reprime.

-La Transparencia de todos los actos públicos o de gravitación pública será una Política de Estado: la democracia debe caracterizarse por la transparencia, y por lo tanto debe prestarse especial dedicación a la lucha eficiente y consistente contra la corrupción, para lo cual hacen falta por lo menos cuatro elementos fundamentales que deben constituir los ejes de esta política: a) Un marco legal basado en el principio de la desconfianza y no del idealismo. Un conjunto de leyes que reconozcan y admitan las contradicciones de la naturaleza humana y sus debilidades, y que dificulten sobremanera las posibilidades de que lo corruptible en efecto se corrompa; b) Un Poder Judicial realmente independiente, orgulloso de su independencia pero controlado por el Poder Legislativo y absolutamente alejado del Ejecutivo; c) Una opinión pública atenta, vigilante y desconfiada; d) Una oposición activa y/o sectores sociales activos y entrenados para el control y la fiscalización.
Para poner en marcha esta Política de Estado, debe comenzarse por convocar y coordinar a todas las organizaciones y todas las propuestas de transparencia que circulan en la Argentina, por parte de entidades o personas, a fin de poner en marcha organismos populares de control en todas las áreas. Los Contralores y/o Defensores del Pueblo deben ser cargos de elección popular, renovables anualmente y sin posibilidad de más de una reelección. Habrá que implementar sistemas de sanciones, pecuniarias y morales, de cumplimiento efectivo para castigar a los corruptos y sin posibilidades excarcelatorias. Y debe establecerse el principio republicano de que aquellos funcionarios que perjudiquen con sus decisiones y acciones el patrimonio público, deberán responder con sus patrimonios personales dentro de los cinco años siguientes al ejercicio de su función.

-El Poder Judicial en la Argentina debe ser declarado en comisión y la Corte Suprema de Justicia reorganizada con cinco miembros, que proponemos sean elegidos de la siguiente manera: El Poder Ejecutivo elevará cinco ternas al Congreso, las que deberán ser debatidas por la Asamblea Legislativa. Ésta a su vez seleccionará diez nombres en audiencias pùblicas que serán sometidos a un plebiscito popular que, admitiendo el sistema de tachas, elegirá a los cinco conjueces vitalicios, los cuales sólo podrán ser removidos mediante juicio político. Similar sistema se adaptará para la elección de los jueces de cámara y el Congreso estudiará la reorganización total del Poder Judicial y de la carrera judicial, y su propuesta final deberá ser aprobada mediante un plebiscito nacional.

-Establecer para la República Argentina el Principio Básico de que ningún cargo público podrá ser desempeñado por una misma persona por más de ocho años continuados. Por ninguna persona, en ningún fuero y en ningún ámbito (nacional, provincial o municipal). Ni por elección ni por designación. Quienes hayan desempeñado cargos (uno o varios) durante ocho años no podrán desempeñar otros cargos, sin excepción alguna, por los siguientes cuatro años continuados en ningún ámbito público. Deberán volver a la vida privada y sólo podrán reincorporarse a la función pública luego de esos cuatro años y por otro ocho. El principio de la "No reelección" debe adquirir rango constitucional. Las "carreras" políticas vitalicias quedarán acotadas de este sano modo y la Política será, ahora sí, un auténtico servicio público.

-Se reorganizará el Sistema Electoral, garantizando por lo menos estos principios: a) el voto uninominal en combinación con el plurinominal; b) todos los ciudadanos podrán votar aunque no se encuentren en su lugar de empadronamiento. c) el Estado no pagará a los partidos por los votos que hayan obtenido. d) el financiamiento de la política será controlado por organismos especiales que a su vez serán controlados por la Corte Suprema de Justicia en audiencias públicas.

-El papel de las Fuerzas Armadas debería reformularse con estas premisas:
a) Descartar toda hipótesis de conflicto con países hermanos de América Latina y asegurar la no intervención en conflictos internos del continente americano.
b) Asegurar que sea exclusivamente el Congreso Nacional el que decida alineamientos de la Argentina, que sólo asistirá a sus aliados mediante apoyos tecnológicos y logísticos y en ningún caso mediante el envío de tropas. Esto debería ser un dogma de nuestra democracia futura.
c) Definir la neutralidad argentina como posición filosófica de una Nación pacífica y pacifista, antibélica y activa en la lucha por la paz, la solidaridad y la armonía planetarias.
d) Reconvertir a las actuales tres fuerzas armadas orientándolas hacia su participación en labores sociales comunitarias y, en el plano educativo, como auxiliares en los planes de erradicación total del analfabetismo e impulsando el desarrollo educacional de sus cuadros hacia la investigación científica y técnica. Asimismo, crear la Universidad de las FFAA, con el desarrollo de carreras originales que les permitan insertarse y trabajar en las necesidades anteriormente apuntadas, garantizándoles una vigorosa orientación humanística y filosófica, con acento en materias como Ética e Instrucción Cívica.
e) Reformular su participación en el desarrollo industrial nacional, a fin de que recuperen el protagonismo que alguna vez tuvieron y orientando su capacidad y su esfuerzo hacia formas de desarrollo tecnológico autónomo.
f) Concentrar la acción de las tres fuerzas en la custodia de áreas estratégicas del Estado Argentino. Reformular la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) como un organismo de investigación y desarrollo, encargado de la seguridad industrial nuclear y apto para resolver el problema de los basureros nucleares en nuestro territorio (donde es posible que ahora mismo ya existan, como se ha denunciado recientemente en Tierra del Fuego, y la sociedad lo ignore).
g) Reformular el Servicio de Guardacostas en la plataforma marítima argentina, a fin de combatir la pesca de altura clandestina, proteger la flota pesquera nacional y salvaguardar el medio ambiente marino. Se trata de asegurar un moderno servicio de Policía Marítima, por ejemplo en base al modelo norteamericano de la Coast Guard y provisto de una flota ágil, moderna y que verdaderamente sea custodia del Mar Argentino y sus riquezas.
h) Reformular la Fuerza Aérea dotándola de la tecnología necesaria a fin de tener una Policía Aérea capaz de la custodia veloz y efectiva de nuestro cielo, con pocas, pequeñas y ágiles bases estratégicas distribuidas en el territorio nacional; y sobre todo capaz de brindar otros servicios importantes como la dirección, organización y control del espacio aéreo, la astronomía, la meteorología y la investigación aeroespacial.
i) Reorganizar la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval como organismos encargados de garantizar la seguridad interior dentro del territorio nacional, tareas que estarán absolutamente vedadas a las otras fuerzas armadas. Garantizar además el fortalecimiento del rol de guardias nacionales de fronteras que deben tener GN y PN, asegurándoles la total capacidad operativa para esos fines.
j) Redefinir todo lo relativo a lo que hoy se entiende como "inteligencia", o sea el espionaje. Las fuerzas armadas de una Argentina democrática y moderna no deben ocuparse de tales tareas, pero sí hay que desarrollar la propuesta de la ley que creó el Sistema de Inteligencia Nacional, órgano superior del sistema que estará encargado de producir la inteligencia y la contrainteligencia necesarias para la defensa y desarrollo de los intereses nacionales. Esa inteligencia nacional debe abarcar las amenazas, riesgos, conflictos y situaciones que puedan afectar la seguridad exterior e interior de la Nación. En este campo las Fuerzas Armadas deben tener su lugar, pero completamente subordinadas al poder político y sólo para participar en las decisiones que hagan a la verdadera Defensa Nacional en caso de crisis y bajo estricto control parlamentario. Las FFAA deben ser sólo un complemento técnico para las decisiones políticas referentes a la Defensa Nacional y la Seguridad Interior.

Cabe subrayar que de ninguna manera este ideario debe leerse como un plan político partidario, sino que son sólo bases para una tarea plural. Los planes de acción política requieren de grandes debates y acuerdos consensuados, y sobre todo necesitan de tiempo y serenidad. Todo eso que siempre nos falta a los argentinos y que las ideas precedentes pretenden comenzar.
La vieja, antiquísima pregunta "¿qué hacer?" sigue siendo la mejor. Nosotros pensamos que la respuesta pasa por estimular la disconformidad y la rebeldía, porque en este momento de la Argentina no hay mejor camino que la resistencia. Se trata de resistir frente al embrutecimiento, la corrupción y la mentira. Resistir cuerpo a cuerpo en el campo de las ideas y de la ética, pero con eficacia. Es tiempo de ponerle inteligencia y eficacia a la rebeldía. Por la democracia y por la vida, contra el olvido y la comodidad. Mediante el texto y el plantón, la sentada y el decir que no. Protestar, reclamar, rebelarnos, seguros de que el futuro de una nación es siempre algo por hacerse. Que no existe un lugar llamado Futuro, al que hay que llegar. Y que la cuestión con el futuro, siempre, es saber construirlo. Hay que hacer para renacer; y no al revés.