Los abajo firmantes, autores de las ideas y propuestas que dimos a conocer en nuestro MANIFIESTO A LA NACION fechado en Resistencia el 15 de enero de 2002, hemos seguido trabajando en la elaboración de Políticas de Estado que consideramos necesarias, urgentes y sobre todo posibles para delinear una República Argentina diferente y mejor, que emerja saneada de la espantosa situación actual en que está sumida.
Alentados por el extraordinario estímulo que significaron miles de cartas y mensajes de adhesión recibidos desde todas las provincias, y de compatriotas residentes en el extranjero, nuevamente nos reunimos para la elaboración del presente documento, en cuya preparación se suman y participan otros intelectuales y en la que hemos recogido muchas ideas que nos hicieron llegar algunos especialistas. Coherentes con nuestra intención de brindar propuestas operativas y concretas tendientes a definir un nuevo modelo de país, posible y viable, ampliamos nuestro primer Manifiesto proponiendo las siguientes Políticas de Estado para la República Argentina:

-POLITICA DE MEDIOS DE COMUNICACION. Proponemos la terminación de los monopolios y el acotamiento legal de los llamados multimedios para que sólo les sea permitido expandirse en forma horizontal, de manera que los medios televisivos no puedan ser propietarios de diarios o radios, ni éstos propietarios de sistemas de televisión, ni existan medios únicos en ninguna comunidad. Independientemente de los sistemas oficiales existentes (Canal 7 y Radio Nacional) que deben ser reestructurados y saneados, el Estado habilitará una señal de televisión pública, no oficial, con directivos surgidos de concursos transparentes y públicos de antecedentes profesionales, y con programación y gestión sometida a control ciudadano. El Canal Público NO ES del Estado. El Estado solamente pone la señal en el aire y ese canal pasa a ser DEL PUBLICO, que lo maneja a través de organizaciones comunitarias en forma autogestionaria. Y allí el Estado no tiene parte, y por ende tampoco ningún gobierno.

-POLITICA DE MEDIO AMBIENTE. En consonancia con el Inventario de Bienes del Estado (nacional, provincial y municipal) que propusimos en el primer Manifiesto a la Nación y que resulta urgente realizar, sostenemos que existe suficiente evidencia en el mundo de que las consecuencias de toda crisis política-económica-social conlleva, inevitablemente, desastrosos correlatos ecológicos. En la Argentina ya los estamos viendo y es imperioso revertirlos mediante una urgente reasignación de recursos para la prevención y solución de desastres ambientales. Es impostergable aprobar las bases para una consistente política que permita enfrentar las inundaciones en ciudades y áreas costeras del Litoral y en toda la región pampeana, los reiterados incendios forestales, la contaminación de aguas superficiales y subterráneas, y detener la pérdida de la biodiversidad y los recursos naturales no renovables, que en nuestro país es atroz. Urge también impulsar la reforestación de provincias enteras (como Santiago del Estero) y de gran parte de provincias en vías de desertificación (como Formosa, Misiones, Salta y Chaco). Estas tareas tienen además la extraordinaria virtud de que demandan uso intensivo de mano de obra de baja calificación, lo que puede convertirlas en verdaderos programas de gran impacto local. Aun con los menguados recursos con que hoy contamos, es indispensable desarrollar campañas educativas consistentes (la Educación Ambiental debe ser prioritaria, en cuanto formadora de individuos solidarios y de conducta ética ante el prójimo, la naturaleza y el uso de los recursos) y crear un durísimo sistema de sanciones para castigar a los depredadores ecològicos en todas sus expresiones, formas, intereses y poderes.

-POLITICA EDUCATIVA. Proponemos la creación del Sistema Nacional de Educación Pública, del que participen todos los ministerios de educación de las Provincias Argentinas, así como organizaciones de docentes y de padres, y el cual debe ser coordinado por el Ministerio de Educación de la Nación. Su primer objetivo debe ser el relanzamiento de la Educación Pública Argentina, garantizando la prioridad absoluta de la educación gratuita en todos los niveles y obligatoria hasta los pre-universitarios. El SNEP respetará los desarrollos regionales y locales de los proyectos educativos, así como la participación de todas las asociaciones de docentes y de padres de familia que deseen intervenir en la necesaria y urgente reelaboración de los contenidos pedagógicos. Asimismo, todos los financiamientos (nacionales e internacionales) deberán ser auditados y controlados por la ciudadanía, a través de federaciones de cooperadoras, las cuales, a su vez, reportarán los resultados de sus controles y auditorías a la SIGEN.
Exigir el financiamiento educativo que fija la Ley Federal de Educación (Ley 24.195 del año 1993) en sus art. 60 a 65 : "la inversión pública consolidada total en educación (base 1992: 6.120.196.000), será duplicada gradualmente y como mínimo a razón del 20% anual a partir del presupuesto 1993; o se considerará un incremento del 50% en el porcentaje (base 1992: 4%) del producto bruto interno".
El SNEP contemplará también: proyectos de investigación y desarrollo regionales debidamente explicitados, los que serán aprobados y auditados por comisiones especiales radicadas en el interior del país; proyectos de capacitación docente específicos organizados de acuerdo a las necesidades regionales; y cuidará el equilibrio y oportunidad en el pago de los salarios docentes así como la administración autónoma de un impuesto educativo específico.

-POLITICA CULTURAL. Proponemos la creación de un Consejo Federal de la Cultura, el cual estará integrado mayoritariamente por representantes de los organismos que nuclean a los artistas, así como por representantes de cada una de las provincias y de la Nación. La designación de cada uno de sus miembros deberá surgir de concursos transparentes y públicos de antecedentes artísticos y de promoción cultural, y sus planes y gestión estarán sometidos a control ciudadano. Este Consejo funcionará en coordinación con la Secretaría de Cultura de la Nación, cuya estructura será desburocratizada y despolitizada, así como serán reasignados sus recursos actuales. La SCN debe seguir dependiendo de la Presidencia de la República pero reconvertida en un pequeño y ágil organismo ejecutivo. El CFC dispondrá así de un presupuesto autónomo y equilibrado, completamente independiente de los emprendimientos culturales que impulsen los gobiernos provinciales y municipales, y tendrá sede rotativa cada dos años en diferentes ciudades del interior de la República. Tanto el presupuesto anual del CFC como sus resultados serán controlados y auditados por representantes de los organismos directores. Se impulsará la desgravación impositiva de las obras privadas destinadas a fines culturales, debidamente auditadas y controladas. A la mayor brevedad se convocará a la Nación toda a debatir y organizar un Plan Nacional de Cultura con proyección a 15 años.

-POLITICA de MORALIZACION de la GESTION PUBLICA. Debe ser sometida a fuertes controles basados en la independencia, capacidad profesional, integridad y acceso a TODA la información por parte de los que controlen colegiadamente. Todos los gastos reservados deben fundarse debidamente y deben ser auditables. Hay que fortalecer organismos como la Auditoría General de la Nación y la SIGEN. Esto impone medidas refundacionales, como terminar con la estabilidad laboral del funcionariado. En todos los organismos públicos se deben implementar sistemas de evaluación permanentes y de ellos dependerán tanto la continuidad laboral como las probabilidades de progreso de funcionarios y empleados, tal como se hace en las empresas privadas y en los países donde se ha profesionalizado la función pública. Esto debe valer tanto para los trabajadores de la burocracia estatal como para los que desempeñen cargos electivos. En todos los cargos, su productividad y desempeño deben ser sometidos a periódico control ciudadano. Asimismo, todos los funcionarios políticos debieran estar obligados durante su mandato a utilizar los servicios públicos (transporte, escuelas, hospitales) a fin de que conozcan las necesidades reales de los usuarios de los servicios del Estado.
Respecto de las propuestas ya formuladas en nuestro Primer Manifiesto a la Nación, tendientes a terminar con las "carreras" políticas y con la actividad política como "profesión", proponemos abrir un ordenado y racional debate nacional para establecer las formas de profesionalización de la actividad política, y elevarlas a rango constitucional con base en los siguientes principios: a) Reasignar todos los recursos y gastos que genera la Política, mediante audiencias públicas y control ciudadano. b) Culminar el debate con un plebiscito vinculante, para decidir una nueva y moderna organización política territorial, que debe incluir la discusión acerca de la creación de regiones económicas. c) Promover similar debate para decidir la eliminación o modificación de los consejos deliberantes de las ciudades de menos de 100.000 habitantes, y/o establecer nuevas formas de control ciudadano honorario en aquellas de menor cantidad de habitantes.

-REFORMA POLITICA. Es indispensable y urgente continuar y orientar el debate que la sociedad se está dando respecto del Sistema Político. El Poder Legislativo debe ser repensado completamente, para evaluar si tiene sentido sustituir el sistema bicameral por el de cámara única, así como la eliminación del tercer senador por provincia, el número de legisladores, su grado de representatividad, la dotación de asistentes de los legisladores, la eliminación de gastos reservados y otras prerrogativas, y el control ciudadano de su gestión. Todas estas decisiones, que son gravitacionales para el funcionamiento de la democracia, deben ser meditadas, consultadas con expertos, evaluadas con serenidad y decididas no al calor de las pasiones sino luego de un debate serio y profundo, en el que se garantice la libre expresión de toda la ciudadanía. Y las decisiones finales deben ser sometidas a un plebiscito nacional vinculante.
Asimismo, consideramos imprescindible descentralizar de una vez por todas la administración del país. Las comunicaciones modernas hacen innecesaria y obsoleta la aglomeración actual en Buenos Aires. Los ministerios deben ubicarse en el punto geográfico más adecuado para su desempeño. Por lo tanto no tiene sentido que los organismos de Agricultura y Ganadería tengan su sede en la Capital Federal y no en La Pampa, de igual modo que los de Minería deberían radicarse, por ejemplo, en Salta o San Juan.

-JUBILACIONES DE PRIVILEGIO y NUEVO SISTEMA JUBILATORIO. Debe comenzarse por el redimensionamiento profundo o la lisa y llana eliminación de la Ley 24.241, que dividió las jubilaciones entre Sistema de Reparto (Estado) y de Capitalización (AFJP), retransfiriendo así al Estado una de las obligaciones básicas de toda Nación, como es la Seguridad Social, y que según la Constitución Nacional de 1994 es obligación del Gobierno garantizar y brindar.
Tanto la ANSES como la AFIP deben ser redimensionadas completamente, y su personal debe surgir de concursos públicos, debidamente auditados por la ciudadanía. Además debe legislarse la prohibición absoluta de que los gobiernos puedan intervenir los fondos jubilatorios.
Para recuperar el sistema de jubilación hay que replantear los porcentajes de aportes, los haberes en relación a lo aportado y las edades mínimas para jubilarse. Los fondos en poder de las AFJP pertenecientes a los aportantes deben ser controlados por el Estado, con participación de representantes de los jubilados, como así también deben cesar las abultadas comisiones percibidas por las AFJP. Esta masa de dinero, más los nuevos aportes, no podrán tener otro destino que el pago de jubilaciones.
Se eliminarán todas las jubilaciones de privilegio, y las vigentes, si son inevitables, serán gravadas fuertemente de manera de igualar los topes jubilatorios en todo el país.
La política provisional debe procurar que no existan jubilaciones menores de 500 pesos ni mayores de 2.000, salvo casos muy excepcionales y justificados con muchos años de elevados aportes Y no podrá jubilarse ningún funcionario, de cargo electivo o no, que no haya cumplido un tiempo mínimo de gestión de ocho años.

-POLITICA MONETARIA. La única moneda de uso en la República Argentina será el Peso y su respaldo serán nuestros bienes y nuestra producción. El Peso debe flotar con respecto a las otras monedas en función de lo que le convenga al país para exportar e importar. Las divisas deben ser percibidas y manejadas por el Banco Central y toda divisa que ingrese al país será liquidada al beneficiario en Pesos a la cotización del día. La moneda nacional será acuñada por la Casa de la Moneda en base a directivas del BC, que controlará y regulará el circulante.
La pesificación dispuesta por el actual gobierno debe ser inmediatamente reorientada con auténtico sentido social, de modo que resulte un verdadero beneficio para los pequeños deudores.
Asimismo, deben reglamentarse y controlarse estrictamente las remesas de dinero al exterior, sean de Empresas, Bancos o particulares, hasta tanto el país se recupere y recapitalice, de manera de asegurar que dichas remesas de fondos correspondan efectivamente a operaciones comerciales legítimas y productivas, que sean generadoras a su vez de recursos económicos y laborales en el país.
Por otra parte, el Banco Central debe informar a la población de todos los grandes movimientos de divisas (oro y monedas extranjeras) realizados y/o que se realicen anualmente, comenzando por lo menos desde el año 1966 hasta la fecha. Así se conocerá sin lugar a dudas qué personas y qué Bancos se beneficiaron del desastre actual, y se sentarán bases para que NUNCA MAS ello pueda repetirse. Esto es lo que llamamos CONADEP DE LA CORRUPCION, a la cual nos referimos en nuestro primer Manifiesto. Con dicha información se podrán iniciar las acciones judiciales correspondientes y/o conminar a los responsables a que retornen los dineros fugados.
Asimismo, el BC regulará el funcionamiento del sistema financiero según un nuevo ordenamiento legal que reemplace a la nefasta Ley de Entidades Financieras, sancionada por la dictadura y convalidada en los hechos por todos los gobiernos posteriores, la cual ha mostrado ser totalmente ineficaz a la luz de los acontecimientos actuales. El BC regulará el funcionamiento de los Bancos estableciendo políticas crediticias acordes con la etapa de producción que el país necesita; de tasas de intereses pasivos y activos; de comisiones bancarias mínimas y razonables; de encajes y de atención a los clientes. Los Bancos deben empezar de una vez a ser la herramienta que necesitan el desarrollo y el crecimiento.

-POLITICA DE GENERACION DE EMPLEOS. El principal problema en la Argentina es la desocupación y por ello debe ser fundamental Política de Estado restablecer el tejido de pequeñas y medianas empresas, de producción y de servicios, que es el principal sistema empleador de todo país. Hoy en día muchísimas pymes se encuentran en pésimo estado financiero debido al perverso entramado de impuestos, gastos y servicios que en los últimos años significa producir en la Argentina. La implementación de los Planes Trabajar y similares implica amiguismo, favoritismo político y clientelismo electoral. Por lo tanto, proponemos como mucho más conveniente que coyunturalmente -y sin que ello implique renuncia alguna del Estado a prestar asistencia en casos urgentes, puntuales y debidamente auditados- se autorice a los empleadores a otorgar Planes Trabajar en proporción a la cantidad de nuevos empleados que tomen. La primera ventaja de esta propuesta es que el Estado no tiene que poner dinero: los sueldos deben ser pagados por los empleadores, a quienes simplemente habrá que garantizarles que lo que paguen podrán descontarlo del pago de sus impuestos.
Las otras ventajas de este sistema son evidentes: se dignifica la dura condición de los desocupados, quienes dejan de depender de la voluntad o capricho de funcionarios; se elimina el manejo del empleo actualmente en poder de punteros políticos y/o de municipios; los beneficiados de los PT pueden aprender oficios concretos que les servirán para el futuro; el trabajador beneficiado está controlado en su accionar y no cabe la posibilidad de que se creen nuevos ñoquis que sólo cobran ese salario; y el Estado no compite como generador de empleos.
Al eliminar el actual sistema de Planes Trabajar y modos afines, se podrán reaplicar esos dineros al estímulo de formas autogestionarias de empleo, con autocontrol ciudadano, como por ejemplo: a) Unidades comunitarias de producción, mediante fomentos concretos y sistemas cooperativos de producción y consumo. b) Construcción de viviendas autosustentables, utilizando mano de obra local (con capacitación, recalificación y uso de nuevas tecnologías) autocontrolada y autogestionada. c) Todas las unidades productivas reciben los fondos de modo directo, eliminando la intermediación política. d) Esos fondos serán autoadministrados por las comunidades, las que dependerán a su vez de controles supraregionales (municipales, provinciales o nacionales).

-POLITICA DE REACTIVACION INDUSTRIAL. Para lograr que los productos argentinos tengan precios competitivos con los importados de cualquier parte del mundo, de modo que no sólo sean comprados en el mercado local de nuestro país sino que además puedan ser exportados generando divisas, es necesario cambiar radicalmente las políticas de impuestos y de estímulos. Bajando los impuestos, y simplificándolos, podría lograrse que los precios de nuestros productos industriales, comerciales y servicios sean competitivos internacionalmente. Hoy tenemos impuesto al valor agregado, a los ingresos brutos, a los bienes personales, al cheque, a las ganancias, a la ganancia presunta, cargas sociales, autónomos, etc. Todo podría simplificarse si cada empresario o patrón, al final de cada mes, en un sencillo trámite bancario llenara un formulario único de pago de un porcentaje (por ejemplo el 10%) de su ganancia neta, que surgiría de la diferencia entre Ingresos y Egresos. Así se igualaría, simplificando: todos pagarían mensualmente el 10% de sus utilidades netas, y no se legislarían excepciones de ninguna índole, cualesquiera fuesen las ramas de producción, capacidad exportadora o necesidades importadoras.
De este modo, cobrando poco a muchos, el resultado será mucho más dinero recaudado, y fácilmente controlable. Esta política, además, será tentadora para los argentinos que quieran iniciar nuevos emprendimientos, y para los capitales extranjeros que verán la oportunidad de hacer aquí buenos negocios con transparencia e impuestos moderados. Además, cada empresario, comerciante, profesional o trabajador autónomo ya no necesitará ser experto en Ciencias Económicas para liquidar sus impuestos. Simplemente llenando los pocos items del formulario (ventas, compras, sueldos, alquileres, servicios, etc) y haciendo una sumatoria para obtener su ganancia, podrá aplicar el porcentaje del 10% y pagar en ventanilla bancaria.
Por supuesto, la obligación de todos los causantes impositivos consistirá en tener disponible, en el domicilio declarado, toda la documentación que sirva como evidencia real de lo declarado en cada declaración jurada mensual. El sistema se complementará con dotaciones de inspectores honestos, inflexibles, bien pagos y en permanente movilidad, y con la aplicación de multas muy altas a quienes hayan tergiversado sus declaraciones y se hayan aprovechado de la simpleza del pago de impuestos.
Estamos seguros de que esto, tan simple como parece, permitirá que los emprendimientos que hasta hoy sobrevivieron aumenten su producción, los capitales externos recomiencen a invertir en el país y los productos argentinos empiecen a recuperar mercados externos. Y el resultado inmediato será el abatimiento genuino de la desocupación.

-POLITICA FERROVIARIA y de TRANSPORTES. Para la refundación del país debe ser prioridad la corrección de la desigualdad entre los trabajadores habitantes de las grandes ciudades y los del interior. Es necesario detener el crecimiento del Gran Buenos Aires y de otros centros urbanos que tienden al gigantismo incontrolable. Para ello se debe apoyar la vida en las ciudades pequeñas y medianas, deteniendo la despoblación que hoy se está acelerando y ha llegado a extremos alarmantes. Para esto se debe tomar conciencia del tremendo mal que causó la paralización de los ferrocarriles, verdadero sistema sanguíneo que aún hoy, con el enorme capital de su red de vías, constituye una riqueza que es preciso recuperar, rediseñando el sistema ferroviario como herramienta para la integración nacional y como medio básico y principal de transporte, tanto de personas como de cargas.
Para ello, y hasta tanto se genere un gran debate nacional al respecto, es indispensable renegociar los contratos con las compañías ferroviarias privadas y requerir de ellas mismas, y de otros posibles interesados, la organización de un gran sistema ferroviario nacional que vuelva a conectar a todo el país de manera moderna, eficaz, barata y rentable. La experiencia de muchos países europeos y de los Estados Unidos debe ser tenida en cuenta y adaptada a nuestras necesidades.
En cuanto al sistema caminero nacional, mediante la reactivación de Vialidad Nacional como organismo de control y la aplicación de peajes razonables en todo el país, y renegociando los contratos con todos los concesionarios, será posible modernizar la red carretera nacional, así como estimular un sistema alternativo de rutas comunales o regionales autosustentables.

-POLITICA de JUEGOS de AZAR. Los juegos de azar, en todo el territorio argentino, deben ser considerados cuestión de orden público y gravados fuertemente como todas las actividades innecesarias. Gravar las actividades inútiles o innecesarias hasta un nivel que las desaliente, hará que se reduzcan al mínimo pero a la vez permitirá que el Estado obtenga ingresos necesarios para otros fines. Es urgente aplicar fuertes impuestos a todas las tareas parasitarias, lo que contribuirá a solventar necesidades sociales y reorientará gradualmente energías y talentos hacia las actividades productivas, útiles a la comunidad. La Lotería Nacional de Beneficencia y Casinos debe reconvertirse en un organismo de control de los juegos, tanto los que están en manos del Ente como los que están a cargo de concesionarios privados. Y deberán organizarse eficaces controles legislativos y de ciudadanos sobre las autoridades de la LNByC.

-POLITICA DE VIVIENDAS. Proponemos lanzar un Plan Nacional de Viviendas y Urbanismo con proyección a diez años, con el objetivo de que en 2012 ninguna familia argentina carezca de una vivienda digna, provista de de agua potable y de cloacas. El Estado debe estimular formas autogestionarias de construcción, financiar viviendas a 20 años de plazo con intereses muy moderados a través del Nuevo Banco Hipotecario Argentino, y deben implementarse sistemas de cumplimiento riguroso e inflexible, de manera que crezcan los planes de vivienda asegurando así la reposición de viviendas obsoletas.
El PNVU debe considerar a la vivienda como parte fundamental de la problemática urbana y la calidad de vida, y para ello es fundamental que se coordinen todos los planes provinciales, a fin de no sólo evitar que el Gran Buenos Aires siga creciendo desmesuradamente sino también desacelerar el crecimiento de otras grandes ciudades del interior, las que deberán recibir la atención y el estímulo necesarios para que desarrollen su trascendente función y se conviertan en activos centros de desarrollo económico y cultural capaces de brindar las oportunidades que hoy se buscan infructuosamente en la Capital Federal y su área metropolitana.

-POLITICA para el desarrollo de la PATAGONIA. Entendemos que, tratándose de casi la mitad territorial de la Argentina y la región históricamente menos atendida por el poder central, es hora de que los argentinos nos demos una política consistente de desarrollo para la Patagonia, tanto continental como insular. Es urgente planificar el desarrollo prioritario de esa región, tanto en el plano ambiental como científico y turístico, y el gobierno nacional debe garantizar que dicha planeación se haga, ejecute y controle en territorio patagónico y con predominio de conciudadanos patagónicos. Es urgente el lanzamiento de un Plan de Desarrollo Industrial de las riquezas del Mar Argentino, donde tenemos una fabulosa producción de alimentos que no necesitamos sembrar ni curar. Una política estable en tal sentido permitirá el desarrollo de capitales privados en la inversión de bienes y creación de puestos de trabajo. Si países como Japón, cuyo territorio insular es pequeño comparado con la Argentina, o como Perú, han desarrollado industrias pesqueras de alto rendimiento, no resulta razonable que la Argentina continúe dando espaldas al mar y a sus riquezas naturales. Que tenemos servida pero por generaciones (y pésimos gobiernos) nos las hemos dejado robar.

-POLITICA de TURISMO. Proponemos la coordinación efectiva de todos los planes de desarrollo turístico existentes en el país, que hoy forman un absurdo entramado de ideas sueltas y corrupción. Es indispensable contar con un Plan Nacional de Turismo, tanto para el mercado interno como externo. La Argentina tiene todos los climas y todos los paisajes, como para ser uno de los principales países de Turismo Receptivo, industria que es una fabulosa generadora de divisas. Pero la difusión externa no debe seguir siendo errática y caprichosa como hasta ahora, sino que debe ser producto de una planeación a mediano y a largo plazos. Esta industria aporta notables ventajas adicionales, como la demanda de mano de obra y la descongestión de grandes conglomerados urbanos.

-POLITICA de PUEBLOS INDIGENAS. Proponemos que la República Argentina encare, finalmente, una especie de refundación nacional étnica. En nuestro territorio viven decenas de etnias aborígenes, repartidas en varias provincias, tanto en el Sur como en el Norte, en el Litoral como en la región Andina. En nuestro territorio se hablan decenas de lenguas aborígenes, muchas de las cuales se están perdiendo. Esos pueblos y culturas son el patrimonio cultural no sólo de centenares de miles de compatriotas históricamente marginados, sino un patrimonio cultural común a los 36 millones de argentinos. El reconocimiento claro y explícito de las atrocidades que se cometieron contra cada una de estas naciones (que tenían, algunas, miles de años de vivir en su/nuestro territorio) no debe ser solamente un imperativo moral; también debe ser una oportunidad de desarrollo económico, social y por supuesto cultural.

-POLITICA de COPARTICIPACION FEDERAL. Proponemos terminar con el actual sistema de chantaje entre los gobiernos Federal y Provinciales, que además distorsiona el federalismo. Hay que disponer un nuevo sistema de proporcionalidad en el reparto de los impuestos nacionales y garantizar que las provincias no dependan de mendicaciones ante el presidente o los ministros de economía de turno. Es indispensable abrir un debate nacional, del que participen todos los sectores (empresarios, sindicatos, educadores, pueblo en general) para confluir en un Encuentro Nacional que redefina el Pacto Federal Argentino, y lo eleve, luego de un plebiscito vinculante, a rango constitucional.

Firman: Mempo Giardinelli (Chaco), Héctor Timerman (B.Aires), Angélica Gorodischer (Rosario), Miguel Pereira (Jujuy), Graciela Falbo (La Plata), Silvana Buján (Mar del Plata), Rosita Escalada Salvo (Misiones), Olga Zamboni (Misiones), Graciela D´Lucca Bialet (Córdoba), Julio Rudman (Mendoza), Horacio de las Carreras (B.Aires), María Rosa Lojo (B.Aires), Roberto Follari (Mendoza), Graciela Cabal (B.Aires), Atilio Fanti (Chaco), Diego Melamed (B.Aires) Luis Borda (Munich, Alemania), Leonardo Talkowski (Madrid, España), Jorge Felippa (Còrdoba), Mónica Ambort (Córdoba).

Rosario, Santa Fe, 15 de febrero de 2002.

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