En tanto autores de las ideas y propuestas dadas a conocer en los anteriores MANIFIESTOS A LA NACION, fechados en Resistencia el 15 de enero y en Rosario el 15 de febrero, hemos seguido trabajando en la elaboración de Políticas de Estado que consideramos necesarias y urgentes para que nuestro país supere la emergencia que agobia a la Nación.
La vigorosa dinámica de los hechos nos impone, nuevamente, ocuparnos de aspectos inmediatos de la realidad. Pero nuestra responsabilidad intelectual nos alienta, asimismo, a no dejarnos vencer por las urgencias y a seguir pensando en el mediano y largo plazos, empeñados en delinear una República Argentina diferente y mejor, saneada en libertad y en crecimiento, y perfeccionada en su comportamiento democrático.
El extraordinario estímulo que recibimos desde todas las provincias, y de compatriotas residentes en el extranjero, expresados en miles de cartas y adhesiones espontáneas motivadas por nuestros dos MANIFIESTOS anteriores, nos estimula a producir ahora este nuevo trabajo, que en esta ocasión no firmamos nominalmente sino que lo lanzamos como texto colectivo, convencidos de que lo suscriben y comparten millones de ciudadanos y ciudadanas.
Coherentes con nuestro planteo original de brindar propuestas operativas y concretas tendientes a definir un nuevo modelo de país, posible y viable, en esta ocasión proponemos la urgente adopción de las siguientes Políticas de Estado para la República Argentina:

1. EL TERRITORIO NACIONAL.
Nos pronunciamos rotundamente por la indivisibilidad territorial de la República Argentina. Estamos en contra de cualquier posibilidad de recorte territorial, subdivisión geográfica, secesión, anexión o reordenamiento de la actual división politica del mapa de la Argentina, así como también nos oponemos rotundamente a cualquier intento de administración externa -política o económica, por parte de personas u organismos internacionales o supranacionales- pues las formas de administración de la República Argentina no pueden ser otras que las que dispone y ordena la Constitución Nacional.

2. EL BANCO DE LA NACION ARGENTINA.
Nos pronunciamos rotundamente en contra de la privatización del Banco de la Nación Argentina. Rechazamos vigorosamente todos los intentos y directivas orientadas a tal objetivo, sean del Fondo Monetario Internacional o de la banca internacional, pública o privada. Denunciamos el engaño que conlleva la pretendida creación de un supuesto Nuevo Banco Federal, que en realidad oculta la intención de desguazar el Banco Nación. Acabamos de ver cómo en la llamada "Ley Omnibus" que pretendía el ministro Remes Lenicov y que rechazó el Senado, ésa era la principal medida oculta. No admitimos bajo ningún concepto la privatizaciòn del Banco Nación,ni del Banco de la Provincia de Buenos Aires ni de ningún otro Banco estatal.

3. LA REFORMA POLITICA.
3.1- EL LLAMADO A ELECCIONES.
Nos reiteramos en favor de soluciones políticas nuevas, originales, no violentas y profundamente democráticas para resolver la crisis que vive nuestro país. Denunciamos por lo tanto el engaño que significa cualquier posible apresuramiento electoral, puesto que antes de cualquier llamado a elecciones debe modificarse el sistema electoral vigente. Las prisas electorales de hoy tienen por único motivo retacear la necesaria, profunda y urgente Reforma Política que reclama la ciudadanía, y sólo buscan garantizar la supervivencia y eventual triunfo de los viejos y repudiados aparatos partidarios. Por lo tanto, previo al acortamiento oportunista de los plazos electorales, es urgente realizar una auténtica y profunda Reforma Electoral.

3.2- UNA REFORMA ELECTORAL VERDADERA Y TRANSPARENTE.
En consecuencia, y correlativamente, reclamamos con toda urgencia la realización de una verdadera Reforma Electoral, que debería ser discutida en todas las asambleas, entidades y organizaciones comunitarias de la Argentina, en un plazo perentorio de tres meses. Este debate nacional debería ser coordinado por una Comisión Nacional de Reforma Política, que a su vez debe ser convocada con urgencia. En dicha Comisión deben estar representadas todas las expresiones de la ciudadanía, de todas las provincias. Cada instancia deberá enviar sus conclusiones y propuestas a la Comisión, la que deberá sesionar en audiencias públicas y proponer un nuevo sistema electoral nacional, que a su vez deberá ser plebiscitado.
Nosotros proponemos, como materia fundamental de esta Reforma, la eliminación lisa y llana de todas las leyes electorales vigentes, y su sustitución por una nueva y unificada Ley Electoral Nacional, que garantice una democracia participativa antes que una meramente representativa, principio que deberá incorporarse a nuestra Carta Magna en una futura reforma constitucional. Proponemos asimismo que esta nueva Ley contenga los siguientes principios democráticos:
1- Eliminar el sistema de Listas Sábanas por partido, sustituyéndolo por el sistema de Lista Única con Pluralidad de Candidatos y Sistema de Tachas. Los electores recibirán de las autoridades de la mesa electoral una boleta única, en la que figurará la totalidad de los candidatos por orden alfabético de apellidos, pertenezcan a partidos políticos o no. Con un lápiz también provisto por las autoridades, en el cuarto oscuro cada votante procederá a elegir tachando los nombres de los candidatos que no vota y dejando limpios los de los candidatos de su preferencia. Guardará su voto en un sobre y el sobre en la urna. La tecnología computacional actual permite que el cómputo de votos de este sistema sea muy veloz y los resultados se podrán procesar rápida y confiablemente.
2- Las candidaturas podrán ser sostenidas por los partidos políticos reconocidos, pero también podrán proponer candidatos todas las asambleas populares, organizaciones barriales o comunitarias, las ONG y demás entidades de bien público que la Nueva Ley Electoral Nacional definirá. Se implementará un sistema de requisitos básicos y plazos de inscripción a fin de que la Autoridad Electoral proceda a la impresión de la Boleta Única de Voto con la debida anticipación.
3- Establecer el principio de que todos los candidatos democráticamente elegidos que no cumplan sus promesas electorales, podrán ser removidos. La Nueva Ley Electoral Nacional determinará un sistema de control ciudadano para normar estas remociones sin abusos.
4- Establecer que el voto en blanco y los votos anulados serán computados como votos válidos en todos los casos, y la suma de ellos será considerada para obtener los porcentajes de representación.
5- Establecer el principio de que todos los ciudadanos podrán votar, aunque no se encuentren en su lugar de empadronamiento. La Nueva Ley Electoral Nacional determinará el sistema de control ciudadano para evitar abusos y votos repetidos.
6- Declarar delito federal la actividad de los llamados "punteros políticos". Esto es: la Nueva Ley Electoral Nacional declarará que el reparto de bolsas de comida, calzados, ropas, colchones, materiales de construcción y/o dinero, con fines electorales y de captación proselitista, será Delito Federal con pena mínima de seis meses no excarcelables para quienes sean detenidos, así como se extenderá la responsabilidad a sus partidos, jefes y responsables políticos. La Nueva Ley Electoral Nacional reglamentará con precisión la normativa pertinente.
7- Debe eliminarse el llamado financiamiento de la política por parte del Estado. El Estado no pagará por los votos obtenidos a los partidos políticos, ni a los candidatos independientes o de organizaciones que los avalen. El Estado no financiará, bajo ningún concepto, la actividad política, ni se dispondrán dineros públicos para campañas proselitistas. El Estado no tendrá ninguna participación económico-financiera en materia electoral, excepto la que sea necesaria para garantizar el sistema de Autoridades Electorales, diseño e impresión de la Boleta Única por distrito electoral y el pago de un jornal electoral a todas las autoridades de mesa. Asimismo, el Estado garantizará el otorgamiento en los medios de comunicación que de él dependan de espacios gratuitos para la difusión equitativa de las propuestas de todos los partidos y candidatos. La organización de los partidos, su sostenimiento, propaganda y toda otra actividad conexa será decisión y responsabilidad de las autoridades de los mismos. Pero sus cuentas internas, tanto de las campañas como del accionar permanente de los partidos, serán controladas por organismos especiales creados por la nueva Ley, los que a su vez serán controlados por la Corte Suprema de Justicia, en audiencias públicas.

3.3- LA REFORMA EN LA ADMINISTRACION DEL ESTADO.
Insistimos en nuestra propuesta de que ningún cargo político debería ser desempeñado por una misma persona por más de ocho años continuados, en ningún fuero ni ámbito (nacional, provincial o municipal), ni por elección ni por designación. Quienes hayan desempeñado cargos (uno o varios) durante ocho años no podrán desempeñar otros cargos durante los siguientes cuatro años continuados, en ningún ámbito público y sin excepción alguna. Deberán volver a la vida privada y sólo podrán reincorporarse a la función política pública luego de esos cuatro años y por otros ocho. Asimismo, proponemos que el principio de "No reelección" adquiera rango constitucional de manera que el profesionalismo político vitalicio quede acotado y la Política sea un auténtico servicio público. La gestión de todos los funcionarios, elegidos o designados, deberá ser evaluada cada seis meses y sus mandatos podrán ser revocados si el pueblo no los aprueba. Una Ley de Transparencia para la Administración del Estado precisará los modos de implementación de estas propuestas.

4. CONADEP DE LA CORRUPCION.
Insistimos en subrayar la urgencia de que se forme una Comisión Nacional de Investigaciones de la Corrupción, que tenga desde ahora mismo toda la información y las capacidades investigativas necesarias para establecer quiénes, cuándo y cómo corrompieron todos los estamentos político-sociales de la Argentina. Esta Comisión no tendrá poder de enjuiciamiento pero todas sus investigaciones y conclusiones serán públicas y conllevarán la obligación de que la Justicia actúe en consecuencia.
En este punto, nos pronunciamos también por el mantenimiento de la Ley de Subversión Económica tal como rige actualmente, debido a que hoy es el marco jurídico que permite y garantiza la investigación y eventual sanción de delitos que afectaron y afectan el interés nacional. No dudamos de que esta Ley debe ser rediscutida y reformulada, pero eso deberá hacerse en un contexto diferente del actual, sin las actuales presiones del sistema económico global y cuando pueda debatirla un Parlamento completamente renovado.

5. LEY DE INFORMACION PUBLICA.
Proponemos también la urgente discusión de una Ley de Información Pública, que disponga que toda la información gubernamental (nacional, provincial y municipal) es pública y puede ser consultada por personas y organizaciones. Esta Ley debe tender urgentemente a la transparencia en la gestión publica, la rendición de cuentas y el buen manejo de los intereses ciudadanos, para lo cual deben garantizarse la más completa información y la mayor facilidad de consulta. Los casos de informaciones reservadas deberán ser perfectamente precisados e identificados por la Ley. Asimismo, esta Ley dispondrá que se hagan públicas no sólo las acciones de gobierno, sino también todas las compras de todos los organismos públicos, que estarán a la vista y a disposición de cualquier ciudadano o entidad que quiera controlarlas. Y no habrá gastos reservados en ninguno de los estamentos del Estado.

El MANIFIESTO ARGENTINO
Córdoba, 25 de abril de 2002

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